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Sociedades Medicas

Una ventana a la situación de salud en Venezuela

Pronunciamiento de la red de apoyo psicológico, Federación de Psicólogos de Venezuela y el area de psicología

 

PRONUNCIAMIENTO DE LA RED DE APOYO PSICOLÓGICO (RAP- UCV/UCAB/USB/UNIMET), LA FEDERACIÓN DE PSICÓLOGOS DE VENEZUELA Y EL ÁREA DE PSICOLOGÍA DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA, ANTE EL IMPACTO PSICOLÓGICO DE LA ACTUAL CRISIS SOCIO-ECONÓMICA Y POLÍTICA VENEZOLANA.

“El derecho a la vida es inviolable”(Art. 43 de la CRBV). “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral...” (Art. 46 de la CRBV).

Venezuela está sumida en una profunda crisis histórica, que ha abarcado, no sólo el ámbito político, económico, social, moral...sino también lo estructural. Desde una mirada psicosocial podemos hablar de una crisis de sentido, ética, de referencias institucionales, de convivencia, del pacto social. Es una crisis humana que ha derivado en una profunda conmoción existencial que se expresa en la vida cotidiana de la gente, en las áreas de lo íntimo-personal y en la vida colectiva.

La calle está desbordada de expresiones emocionales: desesperación, lágrimas, impotencia, incertidumbre, frustración, desarraigo, necesidades y duelos que evidencian dicha crisis. Manifestaciones de las cuales no están exentos nuestros espacios de influencia: consultorios, lugares de encuentro privados y públicos, real y virtual, enunciadas en voces y símbolos de venezolanos dentro y fuera del país.

Un clamor que, por un lado, da cuenta de un profundo sufrimiento colectivo manifestado en descontento, ira, violencia, indignación y hartazgo social, pero por el otro, expresa acciones y formas de resistencia, sueños y esperanzas que buscan su cauce ante esta grave y extendida problemática que afronta el país.

Hoy —como en otras oportunidades— asumiendo nuestro compromiso y responsabilidad profesional y ciudadana, la Red de Apoyo Psicológico (UCV/ USB/UCAB/UNIMET), la Federación de Psicólogos de Venezuela y el Área de Psicología de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela, expresamos nuestra profunda preocupación ante el curso de los acontecimientos ocurridos a raíz de las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en las que, en opinión de la Fiscal General de la República, “...se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo que constituye una ruptura del Orden

Federación de Psicólogos de Venezuela
Av. Naiguatá con Calle La Guaira, Urb. Macaracuay, Caracas–Tel +58-212-256.4277 Fax +58 212 256.3253 Web: www.fpv.org.ve / e-mail: info@fpv.org.ve / Twitter: @fpv_vzla

 

 

Constitucional”. A esto se le suma el reciente llamado del Jefe de Estado a una “...Asamblea Nacional Constituyente, ciudadana y de profunda participación popular...”, introducida ante el CNE.

Estos hechos, sin duda, profundizan la crisis existente e incrementan las protestas y la violencia represiva del Estado frente a las demandas ciudadanas, reportando un aumento alarmante de muertos —especialmente jóvenes—, heridos y detenciones en todo el territorio nacional.

A lo largo del nuevo ciclo de protestas acaecido en el mes de abril y lo que va del mes de mayo, hemos sido testigos del recrudecimiento de un ejercicio autoritario (militar y policial) que viola los derechos humanos, acosa y criminaliza a personas y organizaciones cuando, apegados a la Constitución Nacional, ejercen su derecho a la protesta pacífica.

Preocupa especialmente, la participación de civiles armados en acciones de contención durante las protestas ciudadanas —donde parecieran actuar en coordinación con algunos funcionarios policiales o militares—, acción que no está contemplada en ningún ordenamiento jurídico vigente. A esto se suma la violencia impune de la delincuencia, de grupos irregulares de distinto origen. Ello ha generado un incremento significativo de conductas de auto-protección y confrontación en zonas residenciales. Espiral de violencia que, de no ser contenida a tiempo, nos podría conducir a un escalamiento del conflicto.

Asimismo, se registra en Caracas y ciudades del interior —según denuncias de las víctimas y de la propia Fiscalía General de la República— la persecución, acoso y encarcelamiento de ciudadanos sin respetar el debido proceso. Estas situaciones agudizan el estado de anomia y anarquía generalizada, de cuyos riesgos en términos de acciones masivas de violencia, lucha por territorios y recursos, conformación de bandas armadas y grupos paramilitares, guerras fratricidas y muerte, han padecido muchos países latinoamericanos a lo largo del siglo XX.

Estas condiciones, sumadas a la precariedad cotidiana que sufre la población, nos convocan a exhortar y exigir a los líderes y voceros de todas las tendencias políticas y, en especial, a los representantes gubernamentales y de los poderes públicos establecidos en la Constitución —a quienes corresponde la mayor responsabilidad— a privilegiar el aspecto ético y encontrar las vías democráticas que permitan:

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  • La restitución —sin restricciones de ninguna índole— del Estado de Derecho en Venezuela.

  • La protesta ciudadana pacífica, sin la amenaza de represión del aparato militar y policial.

  • La recuperación del ejercicio de la política que favorezca procesos de diálogo, negociación y acuerdo entre los diferentes actores políticos y sociales de nuestro país.

  • El libre ejercicio de los medios de comunicación públicos, privados, comunitarios, en todas sus modalidades, que eviten visiones sesgadas, partidizadas y/o negadoras de la realidad o transmitan mensajes que acrecienten la incertidumbre, angustia y miedo de la población.

  • La reconstrucción del tejido social afectado por la polarización, fragmentación y territorialización del conflicto.

  • Los procesos de reparación social del daño, apoyo a las víctimas y garantías de justicia contra la impunidad.

    Proponemos, en resumen, la profundización democrática, pues sólo en democracia pueden favorecerse los procesos mediadores, de diálogo genuino y consensos sociales que impulsen la búsqueda de salidas electorales, pacíficas y constitucionales a esta crisis. Ese quehacer democrático que diseña un marco de referencia común de equidad, justicia y solidaridad, que defiende los derechos humanos, lucha por la dignidad de toda la población y fortalece nuevas identidades y subjetividades.

    Trabajamos en ello desde una perspectiva psicosocial que se ocupa de los cuidados de la salud psicológica de la población, la prevención de los malestares inherentes a su riesgo y nuestra preocupación por las personas más vulnerables en situaciones de conflicto y emergencia social.

    En Caracas, a los cinco días del mes de mayo de 2017. 

Patricia Couto